La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre 6.292 contratos firmados entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026 por un valor superior a los $2 billones, luego de la entrada en vigor de la Ley  de Garantías.

La entidad depuró las excepciones propias de la ley, como son los casos de salud, defensa y seguridad, y revisó 25.685 contratos firmados por parte de entidades estatales hasta el final del proceso electoral, con un valor total de $2.8 billones.

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Los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, son los que más contratos reportan una vez entrada en vigor la Ley de Garantías y que no tendrían excepción.

"La vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen", dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez en el foro 'Garantías Electorales, un diálogo con las regiones'.

Por otra parte, el órgano de control identificó 17.841 contratos directos por un valor superior a los $1.68 billones para el uso de recursos públicos con fines proselitistas en época electoral. 

Estos vínculos son del 1o. de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, por eventos, publicidad, conciertos, refrigerio, tarima o logística.

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Posterior a esto, se identificaron 368 contratos directos relacionados por $31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año iniciada la Ley de Garantías.

"En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley", dijo el contralor.